Por: Periodismo de Verdad

Ventilándose a más de treinta grados, sin aire acondicionado ni las comodidades de quienes debaten el más fuerte ataque a la JEP en estudios de televisión, Sara Idelina lamenta que el presidente Duque no se ponga en los zapatos de las víctimas. Dice que lo hace por ellas, pero la voz de estas se escucha apenas entre susurros en la selva enorme donde la mujer y su familia levantan sus sueños a pesar de décadas de olvido. No están en televisión aunque son los “expertos” en esto del conflicto y la paz.

En la zona humanitaria Nueva Esperanza en Dios de Cacarica, Chocó, como en muchos territorios de Colombia, poco saben de objeciones y no entienden a la perfección de eso de las Cortes. Lo que ven del Estado son las FFMM que son las únicas que llegan hasta allá, y los paramilitares que, según ellas “son los mismos”. Viven a cuatro horas de Turbo; y apenas con la dejación de armas de las Farc tuvieron un poco de tranquilidad hasta que llegaron los “gaitanistas”. Atrás quedaron los enfrentamientos y los bombardeos contra las FARC, como lo ocurrido en la Operación Génesis, 22 años de un horror convertido hoy en un escenario modelo de reconciliación, verdad y justicia gracias al Sistema que el gobierno Duque busca obstruir.

Aquí la JEP nos ha servido muchísimo. Ver a cada uno de los excombatientes venir de forma voluntaria, con mucha humildad, expresando todas sus verdades sobre cosas que pasaron hace más de veinte años, es para sentir que valió la pena tanta resistencia, tantos años de esperar

Explica Sara Idelina, maestra cacariqueña que huyó, retornó y hoy pide proteger las bondades de la paz que, aunque imperfecta, le abrió a las comunidades víctimas la puerta de los alivios: permitir saber lo que pasó es uno de los asuntos en lo que más insisten las víctimas en los territorios –no las que se pronuncian en cuerpo ajeno sin dárseles voz ni rostro en redes sociales o alocuciones presidenciales.

Como lo expresaron Sara y otros afros e indígenas durante el “Festival de las Memorias” que llevó hasta el lejano Cacarica incluso un mensaje de Fredy Rendón “El Alemán” pidiéndoles perdón por hacerles daño, para ellos más importante que “tener un señor encerrado y callado” es que visiten los territorios, cuenten la verdad y aporten a las comunidades con trabajo. Allí se materializó la paz al estrechar la mano con quienes les hicieron daño, tanto exparamilitares como exguerrilleros, y también al escuchar a un militar retirado informar que él había dado aviso previo sobre la acción conjunta para-ejército.

Esta comunidad sabe que si se cambia la JEP, la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, los señores que han estado viniendo como parte de la reconciliación podrían escoger no “pagar sus responsabilidades” con horas de camino bajo el sol y menos dirán la verdad de las situaciones que los llevaron a desplazarse, perder sus tierras, sus familiares y su tranquilidad. Dice Sara que:

La justicia para mi sería que cada uno entre a estos territorios; que conviva y se enfrente con nosotros de forma pacífica, y que además vivan lo que nosotros pasamos como campesinos: llenar agua de un pozo, cortar la leña con un hacha, pilar el arroz con manillas…

A ocho meses de entrada en vigencia de la JEP, en lugares apartados como éste la justicia transicional que ofrece el Sistema ya arrancó. Además de los responsables del derramamiento de sangre, también llegaron hasta allí dos comisionados de la Verdad y magistrados que llevan el caso 004 que se dedicará a investigar la situación de Urabá y bajo Atrato por las violaciones al DIH entre 1986 y 2016. Esta fue la primera audiencia rural de la JEP y la oportunidad para que comunidades de Jiguamiandó, Curvaradó y Dabeiba relataran cómo fueron victimizados y qué esperan de esta nueva etapa de la historia de Colombia que prometió, según el acuerdo firmado, reparación y verdad, entre otros.

Si en el Congreso deciden aprobar las 6 objeciones, la JEP cambiaría sustancialmente. Con esto, creen tanto en Chocó como algunos juristas, se aumentará la desconfianza ya instalada en la implementación del acuerdo que todavía no lograr cumplirle, por ejemplo, a los excombatientes con las tierras y proyectos productivos prometidos a seis meses de terminarse sus rentas básicas (subsidios) y Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración (ETCR).

¿Quién va a volver por acá? Imagínese. ¡Volverán pero de camuflado¡

Es la sentencia un campesino de Tumaco, también a orillas de un río donde, al igual que en Chocó, ilegales, Estado y empresarios buscan repartirse el territorio para la explotación económica: la madera, el oro, la palma, pero sobre todo, la coca. Amenazado como muchos líderes sociales desde que empezaron a exigir la restitución de tierra, a defender el Acuerdo de Paz, o sumarse a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el señor prefiere reservar su nombre:

Para mí no hay JEP, para mí son las órdenes de captura dizque por cultivador, siendo que eso nos lo iban quitado con el acuerdo, que eso fue lo que se habló en La Habana, pero ya no. No cumplen, doctora. Al pobre campesino, siempre … mejor dicho… no le cumplen con esa JEP a los que tenían las armas, piense a uno.

En San Carlos, Antioquia; en Bogotá; en Cali; en Trujillo, Valle; en los Montes de María; las víctimas aclaran que ellas sí apoyan la JEP. La que tenemos ahora. La que no permite que Fiscalía decida sobre libertades –aunque siga investigando y reuniendo pruebas de acuerdo al visto bueno de la Corte Constitucional a la Ley Estatutaria. Pastora Mira, que perdió su esposo y varios de sus hijos a manos de “paras” y guerrilleros, dice que la posibilidad de conocer lo que pasó no se puede perder. Para quienes sufrieron el conflicto armado directamente no habría reparación completa sin un compromiso con la verdad. Y, lo que se avizora, si se dan los cambios que el primer mandatario quiere, es que los responsables huyan para no aceptar años de cárcel porque ese no era el trato.

Las víctimas del atentado con bomba que las Farc perpetró en el Club en Nogal también están convencidas de que la JEP es el mejor camino. “Hoy uno dice que qué bueno que los altos mandos de las Farc nos estén diciendo la verdad y no metidos en la cárcel. Eso no quiere decir que no va a haber sanción, sanción va a haber, pero unas que nos den reparación moral a los que sufrimos”, explica la mujer desde su apartamento en Bogotá. Lejos de los agitados ríos del Occidente y el Sur del país, Berta comparte el temor de Sara y los ribereños:

Es claro que la JEP ya fue aprobada en la Constitución. El presidente está abriendo una discusión de algo que fue ya interpretado por el órgano máximo que es la Corte Constitucional y el Congreso. Tenemos una contradicción que puede se vuelve peligrosa para todos.

Para que el gobierno Duque pueda modificar la JEP el Congreso debe aprobarlo antes. De no lograr consenso o mayorías en ambas corporaciones, devolverían al Presidente las objeciones con el status de rechazadas y este no tendrá de otra que firmarlo. Para presionar esta decisión y recordarle al Congreso que la paz es un derecho y un estado que todo gobernante debe buscar, Sara y otros encenderán velas en sus caseríos y plazas de capitales la tarde de este miércoles 13 de marzo.

Desde universidades, casas de tablas, oficinas, apartamentos de lujo y barrios de clase media, la sociedad civil colombiana saldrá para decirle al mundo, una vez más, que el Acuerdo de Paz no es una cartilla endeble que cualquier mandatario pueda modificar. Se trata de un acuerdo de Estado y un tratado internacional humanitario cuya integridad debe respetarse tal cual es hoy, como lo invita la ONU. La era del perdón y la reconciliación son ahora, dice Sara Idelina con la esperanza que alimentó en el Festival donde los propósitos del Acuerdo se salieron de los libros y de palabras se convirtieron en escenas que ni ella ni Cacarica olvidarán. “Acá no han venido a pedir un perdón, no, no, esto sigue muy duro acá”, relata el señor desde la esquina Sur de Colombia, Tumaco, y le envía un mensaje a todos quienes aún – en sus escritorios o sus Palacios- siguen despachando dardos contra la paz:

A todos les hacemos la invitación a que ya respeten lo que se firmó, ya se pongan serios con nosotros, los que sufrimos, ya se olviden de los odios, ya miremos todos para adelante, que si aquí aguantamos y seguimos aguantando por qué allá los que viven bien les duele tanto lo que ya ganamos; déjenos vivir en paz.

La JEP adelanta hoy 7 casos priorizados –no son los únicos pero sí los más importantes. El primero de ellos es el Secuestro y ya los máximos jefes de Farc están yendo a declarar. Unos 9.691 excombatientes de la exguerrilla se acogieron a la JEP, al igual que 1.958 militares y 39 agentes civiles del Estado.

Texto y fotos: Katalina Vásquez Guzmán

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