Rodrigo Pérez Alzate, también conocido como ‘Alias Julián Bolívar’, fue uno de los jefes paramilitares del Bloque Central Bolívar más sanguinarios; cometió crímenes en 15 departamentos, entre ellos Santander. Uno de los grupos que comandó fue el autodenominado Bloque ‘Lanceros de Vélez’, uno de los responsables de las violaciones, masacres, asesinatos selectivos, intimidaciones y crímenes de guerra realizados en la zona cordillerana del centro y sur de Santander, en muchos casos con apoyo de las fuerzas estatales armadas y políticas.

‘Lanceros de Vélez’ tuvo injerencia delictiva en algunos municipios de Santander como Aguada, Landázuri, Vélez, Barbsosa, Puente Nacional Jesús María, Florián, Guavatá, La Belleza, Bolívar, Berbeo, Sucre, San Benito, Suaita, Güepsa, Chipatá en Santander; y otros de Boyacá como Chitaraque, San José de Pare, Santana, Togüí, Moniquirá y Tunja.

Los municipios mayormente golpeados por el accionar de este grupo paramilitar fueron los del departamento de Santander, cuando su presencia se hizo evidente a partir del año 1998. Sin embargo, según las bases datos de organización ‘Vidas Silenciadas’, en la provincia de Vélez los asesinatos de civiles a manos del ejército y la policía se encuentran registrados desde los años setenta, mientras que la presencia de grupos paramilitares, como ‘La mano negra’, ‘Los Masetos’, El MAS -Muerte a Secuestradores- se documentó desde mediados de los ochenta, especialmente en el municipio de Barbosa.

Algunas condenas y declaraciones realizadas en el marco de Justicia y Paz han logrado esclarecimiento de los hechos sucedidos en esta región como el asesinato en la vía Barbosa – San Gil. Asimismo, los cabecillas del Bloque Central Bolívar han reconocido el asesinato de líderes políticos como el de Humberto Alonso Correa Loaiza, integrante del Movimiento Cívico Popular, ocurrido en el 2002. Según un documento de la fiscalía, las personas victimizadas en la región superan las 400 en ese último tramo o ‘cuarta etapa’ de violencia paramilitar directa. 

El actuar paramilitar en la zona ha tenido repercusiones tanto a nivel departamental como nacional, no solo por la sevicia y la magnitud de los hechos victimizantes, sino también porque existen fallos y acusaciones que dan cuenta de un estrecho relacionamiento entre las estructuras del Bloque Central Bolívar de las AUC con políticos regionales. Un ejemplo es el caso de Hugo Aguilar, ex coronel de la Policía, que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2013 como autor del “delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley”, debido a la realización de una estrategia de apoyo entre los grupos paramilitares y otros políticos, con el fin de ganar las elecciones a la gobernación.

Otro caso fue el de Luis Alberto Gil o ‘Tuerto Gil’, fundador del partido Convergencia Ciudadana, luego conocido como Opción Ciudadana, que fue condenado por recibir ayudas y pactar estrategias de apoyo con el Bloque Central Bolívar en Santander. Luego de haber estado recluido en la cárcel La Picota, se encuentra apoyando las candidaturas de Richard Aguilar a la gobernación de Santander y Fredy Anaya a la alcaldía de Bucaramanga. 

Otro político renombrado en el departamento como es Didier Tavera, actual gobernador de Santander; hijo de un fallecido narcotraficante y dueño de dos fincas nombradas por un exmiembro de una banda criminal de Güepsa como bases y centros de operaciones de las AUC y luego de la banda de “Aldemar”. Una fuente de la zona, que pide que se reserve su identidad por cuestiones de seguridad, afirmó que la finca ‘El Espejo’, además de haber servido de base al Bloque Central Bolívar, también tiene un lago en el que habrían sido lanzadas personas para desaparecerlas; “eso fue muy hablado por acá, gente que la llevaban al Espejo y no se volvió a saber”, dice.

Además, afirma que existió una relación muy estrecha entre los paramilitares, la policía y el ejército en el municipio de San Benito; “allá en la entrada del pueblo había un palo atravesado, era como un peaje, todos los que queríamos pasar por allá teníamos que cruzarlo; ahí estaban los paracos y revisaban quién iba en los carros. También cuentan que por los lados de San Benito Nuevo tiraron gente al río, allá había otra base de los paracos, allá mantenían. Mejor dicho, casi desde Güepsa pasando por San Benito, La Aguada, San José de Suaita ellos lo controlaban y pal otro lado del río en Chitaraque, Togüi, Santana otros dicen que unos vivieron en Barbosa ” 

Los retos

En esta zona aún no se ha profundizado en las afectaciones del paramilitarismo, pues sólo hasta el año pasado se reconoció que personas habían sido arrojadas al río Suárez para desaparecerlas. No ha habido ejercicios de memoria ni reparación colectiva y mucho menos se han estudiado los posibles vínculos entre los determinadores y beneficiarios del accionar paramilitar con las estructuras de microtráfico, narcotráfico, agroindustria y gamonales políticos.

Develar la historia, así como los responsables en el marco del actuar paramilitar en el sur de Santander y la zona limítrofe de Boyacá, requiere de una acción decisiva por parte de mecanismos como la Comisión de la Verdad. Aún no se ha investigado quiénes fueron los políticos locales y provinciales detrás de los asesinatos, las personas responsables y los motivos de la incursión paramilitar, así como los miembros del Estado responsables de la anidación y profundización del control de estos grupos. Asimismo, es necesario escuchar a las comunidades que presenciaron los hechos, pues sus relatos son el recuerdo vivo de lo que pasó y resultan imprescindibles para construir una narración completa y garantizar que no se vuelva a repetir. 

Texto: Periodismo de Verdad. Para: Periodismo de Verdad.

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